Se reducen los tipos de contratos laborales a cuatro modelos

Hasta hace aproximadamente un año en España se conocían unos 40 modelos diferentes de contratación laboral. Sin embargo, tras la última reforma legislativa aprobada, los tipos de contratos laborales pasan a ser cuatro: indefinidos, temporales, de formación y aprendizaje y de prácticas. Estos cuatro tipos de contrato admiten todo tipo de clausulas para lo que el […]

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Hasta hace aproximadamente un año en España se conocían unos 40 modelos diferentes de contratación laboral. Sin embargo, tras la última reforma legislativa aprobada, los tipos de contratos laborales pasan a ser cuatro: indefinidos, temporales, de formación y aprendizaje y de prácticas. Estos cuatro tipos de contrato admiten todo tipo de clausulas para lo que el Ministerio de Empleo ha creado una herramienta informática que confeccione estos contratos. El fin principal de esta reforma es simplificar los procedimientos de contratación.

Hasta hace unos meses existían, por ejemplo, seis tipos de contratos indefinidos y nueve de duración determinada, provocando equívocos. Además se centraliza la contratación en un único instrumento, telemático, disponible en la página web del servicio público de empleo. Esto libera el número de funcionarios dedicados a sellar únicamente los contratos de trabajo, simplificando y haciendo más transparente el proceso de contratación.

Pese a las creencias, la reforma no tiene nada que ver con la introducción del contrato único, reforma que en su caso afectaría directamente a las posibilidades y las formulas de despido en detrimento de los derechos del trabajador. Esto ha condicionado que se mantengan cuatro tipos de contratos y se establezcan una serie de cláusulas de carácter general que permiten atender a las especificidades de cada empresa y de cada trabajador a través de la introducción de otras fórmulas condicionantes. Así la edad del empleado, la duración del contrato la naturaleza del mismo, la existencia de discapacidades de algún tipo en los empleados contratados o una contratación amparada por las normas contra la violencia de género pueden modificar sustancialmente las condiciones de los contratos.

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