Reforma general

En estos días se debate sobre el derecho a huelga, su necesidad y lo oportuno del momento en que se realiza. Mientras los trabajadores se deciden entre perder parte de su salario o parte de sus derechos, los políticos recalcan la falta de sensatez para convocar una huelga general con nuestra coyuntura económica. Ciertamente parece […]

En estos días se debate sobre el derecho a huelga, su necesidad y lo oportuno del momento en que se realiza. Mientras los trabajadores se deciden entre perder parte de su salario o parte de sus derechos, los políticos recalcan la falta de sensatez para convocar una huelga general con nuestra coyuntura económica. Ciertamente parece evidente que el momento actual no es el ideal, pero también cabría preguntarse si en algún caso lo ha sido en el pasado.

El Ejecutivo continua afirmando que sea cual fuere la reacción social no cambiara un ápice de sus reformas laborales, algo que por otra parte resultaría difícil de creer en un contexto distinto, pero tristemente asumible en una situación como la actual -porque siempre es triste, y en esto estaremos de acuerdo todos, que un gobierno democrático desoiga los reclamos de parte de la población-.

Debatir sobre si hacer o no huelga sonaría irónico en otros tiempos, pero de nuevo la situación acongoja; mientras se liberaliza el mercado de trabajo y se recortan los derechos, la población civil parece asumir que no queda otra; pero lo cierto es que no es así. Recurrir a los recortes de derechos laborales puede ser positivo, y seguro que en algunos aspectos lo es -acercándonos al anhelado modelo alemán, que dista mucho de la panacea-, pero sin embargo no puede ni debe ser asumido por las clases medias como el único recurso contra el paro y la crisis; y es que mientras que la mayoría de la población tributa al 20% de sus ingresos, las clases altas pagan en torno al 5. Hay pues, una diferencia notable entre las clases sociales de nuestro país y la repercusión de las reformas en ellas.

Por otra parte haciendo cálculos, si en España se redujera en un 50% el fraude fiscal -que supone aproximadamente unos 70.000.000.000 de euros al año- se podrían eliminar los recortes -que hasta la fecha han sido de unos 30.000 millones- en educación (-7%), i+d (-9%) y sanidad, entre otros; además de mantener en parte los presupuestos generales del Estado, que según el propio gobierno se reducirán en un 14% durante 2012. Entre tanto la pasada semana se aprobaban otros 80.000 millones para “sanear” bancos y cajas.

Tras el aluvión de datos, cifras y ensoñaciones cabría preguntarse si es realmente la situación la que acongoja o son las medidas, que van en una dirección meditadamente equivocada. La llamada “doctrina del shock” parece funcionar a la perfección en la sociedad con mas paro del mundo occidental; el propio presidente se jactaba hace unos días de haber llevado a cabo algunas de las mayores reformas de nuestra historia en apenas cien días; y no le faltan razones. En definitiva, “excusatio non petita, accusatio manifesta”.

 

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